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Elba Maldonado

Introducción

"Odisea que no termina", así lee el titular de portada del periódico El Nuevo Día del pasado domingo 25 de abril de 1999. El mismo constituye prueba fehaciente de que las migraciones en yola de indocumentados dominicanos no ha cesado. Junto al titular se despliega una foto de una famélica embarcación repleta de indocumentados y escoltada por unidades de la Patrulla Fronteriza hasta las costas de Cabo Rojo. En las página interiores, bajo el título "Detienen a 115 indocumentados", el diario señala lo siguiente:

"Dos yolas llenas de dominicanos indocumentados fueron detenidas ayer (sábado) a dos millas de la costa del El Combate a eso de las 9:00 de la mañana.

"Según información preliminar, el total de dominicanos ilegales detenidos ascendió a 115 entre hombres, mujeres, jóvenes y una mujer que se cree tenía siete meses de embarazo, quien fue llevada hasta el Centro Médico de Mayagüez para recibir atención médica por su condición". (pág. 54)

Esta situación de la mujer embarazada nos trae a la memoria otra experiencia que nos relató un joven trabajador de la construcción en Nagua, quien había sido testigo de un abominable suceso acaecido a finales de los ochenta durante un viaje de indocumentados.

Fue en uno más de esos viajes en yola que salen desde el poblado nororiental de Nagua que aquella mujer con siete lunas en el vientre decidió lanzarse a la aventura, buscando un nuevo sol que legar a su hijo por venir. Entre la ansiedad que provocaba aquel mar interminable y la incertidumbre del arribo a unas playas ajenas, el vientre reventó sin pedirle permiso al tiempo. De la alegría colectiva se pasó muy frágilmente a la desesperación cuando, a borbotones, el azul que circundaba la yola se fue transformando en un rojo intenso y angustioso. Los buitres del mar que habitan el Canal de la Mona, olfateando tan llamativas presas, comenzaron a merodear la débil embarcación. El pánico se convirtió en preludio de la frialdad, el individualismo y la deshumanización de muchos. Aquellos que todavía mantenían su fibra humana resistieron el embate de éste, pero el peso del número en aquella votación fue a favor de los aterrorizados. Después de todo, pensarían algunos, al restar y sumar, ¿que valen dos vidas cuando hay decenas en peligro de perderse? Los números y la "democracia" que mediaron pudieron más que la compasión y, así, el ciego impulso colectivo entregó el botín a los temibles tiburones.

Escenas como éstas son el pan nuestro de cada día entre los miles de desesperados indocumentados que cruzan el Canal de la Mona con sueños irrealizables en sus mentes. Entre éstos, la mujer dominicana ha llevado el peso mayor de la angustia, pues además del consabido riesgo del viaje, el discrimen racial y étnico y la explotación en el empleo, también tiene que soportar las penurias producto de su condición de mujer. Los vejámenes a que es sometida van desde el abuso sexual por parte de organizadores de viaje y patronos inescrupulosos, hasta el extremo que narramos anteriormente.

Trasfondo histórico

El intercambio migratorio entre la República Dominicana y Puerto Rico data de siglos, teniendo un impacto económico, político y cultural tanto en el país emisor como en el receptor. Durante las últimas décadas el flujo migratorio entre estas dos islas ha sido predominantemente desde Quisqueya hasta Borinquen. Desde los ochenta, y como resultado de la grave crisis económica por la que ha estado atravesando la República Dominicana, dicha migración ha pasado a ser una de carácter mayormente indocumentado y laboral.

A través de su historia la República Dominicana ha sido testigo de movimientos migratorios primordialmente determinados por eventos nacionales y matizados por la política migratoria establecida por los Estados Unidos. A partir de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo en el año 1961 y luego de que fueran levantadas las estrictas restricciones a la emigración impuestas por éste, la emigración internacional dominicana aumentó marcadamente. No obstante, el estado de la economía dominicana en las dos últimas décadas ha sido el factor determinante en el impulso de un movimiento migratorio indocumentado masivo hacia Puerto Rico y algunas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica.

En la década del 1960, la República Dominicana comienza a experimentar el desarrollo de una corriente emigratoria masiva y de carácter laboral, distinta a la tradicional emigración selectiva y a veces motivada por razones políticas. Las transformaciones estructurales de la sociedad dominicana, al calor de los procesos de industrialización sustitutiva y urbanización, contribuyeron a desencadenar corrientes migratorias internas de gran importancia desde el medio rural hacia las áreas urbanas. Esto generó un vasto excedente relativo de fuerza laboral a nivel urbano, lo que a su vez provocó el incremento de la emigración hacia Estados Unidos y Puerto Rico.

Durante la década de los setenta se desató una ola inflacionaria que agudizó la crisis económica que sufría el país. Aunque ya para agosto de 1982 se había puesto en práctica una política de "ajuste", luego de firmarse el Acuerdo de Facilidad Ampliada que fue aceptado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de 1983, se aplicó una política bastante rígida de austeridad que redujo sustancialmente el ingreso real de la población. Estas medidas desembocaron en la salida masiva de nacionales hacia otros confines, huyéndole a la pobreza.

Puerto Rico no solamente ha sido utilizado como trampolín para llegar a las grandes urbes norteamericanas, sino que también ha fungido como destino primario de miles de migrantes que se han integrado a la economía isleña. Los miles de indocumentados que cruzan cada año las 100 millas de mar que nos separan de la República Dominicana arriesgan sus vidas transportándose en frágiles y hacinadas y yolas y desafiando unos mares feroces e infestados de tiburones.

Por otro lado, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (I.C.C.), programa que comenzó en la década de los ochenta, ha redundado en una merma en el crecimiento comercial de la región caribeña. La crisis que vive la República Dominicana constituye evidencia fehaciente de este fracaso. A pesar de todo el alboroto que hicieron las zonas francas, que no son otra cosa que enclaves coloniales, el nivel de importación del país en la actualidad dobla el de exportación. Durante la década de los ochenta hubo un total estancamiento de las exportaciones de productos, tradicionales y no tradicionales manteniéndose el valor total de las exportaciones entre los $700 y $900 millones. Además, no empece a los arreglos con el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), esta nación arrastra una deuda externa que para diciembre de 1990 ascendía a $4,484 millones y el nivel de desempleo en la República Dominicana, de acuerdo a la encuesta ENDESA 1991, alcanzaba el 26.2 porciento.

La firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá le ha dado el "jaque mate" a la débil economía dominicana. Dada la proximidad geográfica entre Estados Unidos y México los costos de transportación de mercancía son mucho menores que desde el resto del Caribe. Además, la mano de obra barata mexicana compite favorablemente con la dominicana.

Entre los factores internos que mantienen estancada la economía dominicana destacan: el empobrecimiento progresivo de la mayor parte de la población, la crisis en la producción de energía eléctrica y el hecho de que las tasas de interés son de una magnitud extraordinaria, alcanzando hasta un cuarenta porciento. Este último factor, unido a la inestabilidad política y social existente, coadyuvan al deterioro en el nivel de inversiones en el país (El Nuevo Día, 8 de agosto de 1995, pág. 28).

Además, "los importadores dominicanos pagan uno de los fletes más altos del mundo, los aranceles más elevados de América y los puertos más costosos e inseguros del Caribe, razón por la cual los productos importados llegan al consumidor con precios muy superiores a otros países del área" (El Nuevo Día, 25 de julio de 1995, pág. 32). Estas dificultades se añaden a la excesiva burocracia que le cuesta a cada importador de cuatro a cinco mil pesos dominicanos ($310-$388) extra en cada operación, lo cual perjudica grandemente al consumidor. Esto implica que tienen menos opciones y unos precios más altos en los productos que consumen.

Como es de conocimiento general, la mayoría de los emigrantes dominicanos se dirige a los Estados Unidos y a Puerto Rico. Uno de los estudios más abarcadores que existen sobre la población dominicana es el conocido como "Encuesta Diagnos", realizada en 1974. En lo que concierne al país de destino, dicha encuesta reveló que la mayoría de los emigrantes se dirigían a los Estados Unidos (71%) y a Puerto Rico (19%) y el resto se dividió entre otros países americanos (6%) y Europa (3%). No obstante, el estudio ENDESA 1991 (Ramírez, 1993, Serie 1, pág. 20), reveló que entre 1985 y 1991 el porcentaje de emigrantes que fue a residir a los Estados Unidos disminuyó de 65 a 62 porciento, pero el referente a Puerto Rico casi se duplicó de 9.3 a 17.1 porciento.

De acuerdo al Censo de Población de 1990 la comunidad dominicana en Puerto Rico alcanza la cifra de 37,505, de los cuales 36,434 residen en el área metropolitana y 1,071 en el resto de la isla. Sin embargo, un informe auspiciado por la Universidad de Columbia y basado en el Censo de 1990, señala que la población dominicana en Puerto Rico sobrepasa la cifra de 50,000 (The San Juan Star, 20 de marzo de 1994, pág. 10). A pesar de que no se cuenta con números confiables sobre la presencia de indocumentados dominicanos en Puerto Rico, varios estimados fluctúan entre los 20,000 y los 100,000, lo cual eleva la cantidad total de residentes legales e ilegales a un nivel indeterminado entre los 57,000 y los 150,000.

El estudio de la Universidad de Columbia también revela que los dominicanos en la isla tienen un ingreso familiar annual combinado de alrededor de $14,523 o un 17% más alto que el de las familias puertorriqueñas, aunque individualmente su ingreso annual es un poco más bajo que el de los puertorriqueños. Este dato sugiere que hay un mayor número de miembros asalariados en las familias dominicanas que en los núcleos puertorriqueños.

Gran parte de estos ingresos se convierten en remesas, las cuales han experimentado un sostenido incremento en los últimos años. Resulta de gran impacto el hecho de que el renglón de remesas enviadas a la República Dominicana ha alcanzado el valor aportado por los tres productos tradicionales de exportacióin juntos (café, azúcar y tabaco) y ocupa un segundo lugar después del turismo (Portes y Guarnizo, 1991, pág. 38).

El hecho de que Puerto Rico esté atravesando actualmente por una crisis económica, sobre todo con el masivo cierre de las industrias que funcionaban bajo el extinto Código 936, también contribuye a que se cierre una de las válvulas de escape del excedente de mano de obra dominicana. Aunque en Puerto Rico la tasa de desempleo oficial usualmente flutúa alrededor del 15 porciento (El Nuevo Día, 4 de noviembre de 1995, pág. 66), que ya de por sí es alta, se estima que la misma habrá de sufrir un alza aún más drmática en los próximos años debido al cierre inminente de la inmensa mayoría de las industrias 936 que ya no cuentan con los incentivos contributivos protegidos por dicha legislación.

Además, las proyecciones de empleo en la Isla para el año 2000 preparadas por el Departamento del Trabajo anticipan una pérdida de miles de empleos en el sector agrícola, donde se han estado insertando un gran número de indocumentados dominicanos. Para ese año, la agricultura representará apenas el 2.2 porciento del empleo total y perderá 7,900 empleosnetos. Aunque se espera que el sector de servicios cree nuevas plazas, el crecimiento será más moderado en los sectores de la construcción y de la manufactura.

Metodología y técnicas investigativas

Reconociendo la necesidad de hacer unos aportes científicos al esclarecimiento de la situación que afecta a los migrantes dominicanos indocumentados que arriban a las costas de Puerto Rico y el impacto de éstos en nuestra sociedad, el Proyecto de Migración del Instituto de Estudios del Caribe (I.E.C.) de la Universidad de Puerto Rico, llevó a cabo el estudio "Causas y Consecuencias de la Migración Dominicana Indocumentada a Puerto Rico". La pesquisa, que culminará con la publicación del libro Islas sin fronteras: La migración dominicana indocumentada a Puerto Rico, se inició en agosto de 1992, bajo los auspicios del I.E.C. y del Fondo Institucional para la Investigación en las Ciencias de la Conducta y Disciplinas Humanísticas de la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico. La misma ha estado a cargo de esta servidora, como directora del proyecto y la Sra. Delia Figueroa, como auxiliar de investigación.

Con el fin de obtener mayor conocimiento sobre las características pertinentes a un fenómeno social sobre el cual no existen estudios previos en Puerto Rico, se utilizó una metodología exploratoria descriptiva. Asimismo, el tipo de muestreo utilizado fue intencional debido a que se desconoce la cantidad de miembros del universo de indocumentados en la Isla.

La labor de campo se realizó primordialmente en las fincas cafetaleras del interior (San Sebastián, Lares, Maricao, Las Marías, Yauco) y, en menor medida, en pueblos del oeste de la Isla (Cabo Rojo y Mayagüez) y en San Juan. La recopilación de dichos datos se hizo a través de una entrevista estructurada dirigida a los trabajadores. Además, se entrevistaron varios caficultores del área.

También se entrevistaron a figuras claves relacionadas con este fenómeno en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros en República Dominicana, tales como científicos sociales, periodistas, personas relacionadas con los medios de comunicación, funcionarios de inmigración, de la Marina de Guerra dominicana y otras instancias oficiales del estado. Igualmente, se auscultó el sentir de los organizadores de viajes y otras personas relacionadas con los mismos en una visita a la provincia de Samaná y al "aeropuerto internacional" de Miches.

Objetivos de la investigación

Además de realizar un análisis general del contexto migratorio y de la situación de la caficultura en Puerto Rico, se delinearon algunos objetivos más específicos, esto es: (1) obtener un perfil de la población; (2) conocer las circunstancias sociales y económicas en que vivían y viven los entrevistados; (3) auscultar las razones que los motivaron a salir de República Dominicana; (4) conocer los preparativos hechos por los indocumentados para realizar el viaje; (5) auscultar las circunstancias relacionadas con la travesía y llegada a las costas de Puerto Rico; (6) determinar en qué sector laboral están ubicados y sus condiciones de empleo; (7) explorar qué tipo de relación mantienen con sus familiares en la República Dominicana; (8) conocer en qué medida se han cumplido las expectativas de los migrantes en relacióin a su situación legal, condiciones de vida, trabajo y adaptación cultural; e (9) indagar sobre los planes futuros de los entrevistados.

Hallazgos principales del estudio

Uno de los momentos más dramáticos de la investigación surgió durante la entrevista a uno de los trabajadores indocumentados en San Sebastián, quien me confió: "Cuando yo llegué aquí a mí me trataron como a un esclavo". Al escuchar estas palabras entrecortadas mi mano detuvo su trazo en el cuestionario que servía de guía a la entrevista. Sus palabras fueron seguidas por el silencio de ambos y un par de lágrimas, masculinamente reprimidas, se liberaron sin él querer.

Aquel cuyo nombre, o tal vez apodo--Beato--era fiel reflejo de su personalidad, no pudo contenerse al recordar ese primer mes que pasó en una finca del interior de la Isla, luego de llegar sin documentos en una yola desde la República Domincana. Nunca se imaginó que aquellos sueños de bienestar y de grandes triunfos se convertirían en cruel pesadilla por la insensibilidad de un hacendado que lo privó de su libertad y de su dignidad; que lo explotó como una bestia de trabajo para, al cabo de un mes, entregarle unos míseros cien dólares.

Aunque muchos pensarán que este incidente pudo haber ocurrido hace mucho tiempo, solamente han pasado par de años desde el mismo. Tal parece que estuviéramos hablando de un trabajador migrante puertorriqueño de los años cincuenta o sesenta en una finca del estado de Nueva Jersey, o de un haitiano que cruza la frontera para laborar de sol a sol en un batey de la República Dominicana. Aunque éste no es el caso de la mayoría de los trabajadores indocumentados en Puerto Rico, sí se dan diversos niveles de abuso hacia este sector marginado de la población. Como socióloga comprometida con la defensa de los derechos humanos, nos basta con que sea un solo caso para manifestar nuestro más enérgico repudio a la situación.

Aunque en el transcurso de nuestro estudio encontramos una variedad de personas y situaciones, el perfil de los entrevistados se podría resumir de la siguiente manera: predominantemente masculino (94.7%); y en su gran mayoría entre las edades de 20 a 39 años (77.4%); y de origen urbano (57.3%). Además se encontró que la generalidad de los encuestados tenía algún grado de escolaridad (86.7%), aunque dos quintas partes (41.3%) de éstos solamente había cursado de 1 a 6 años de estudios.

A pesar de que varias investigaciones anteriores (González, 1971) ubicaban la fuente de migración internacional dominicana en el campesinado y en los sectores urbanos de bajos ingresos, encuestas posteriores, como Diagnos (1974), revelan que los migrantes dominicanos son predominantemente de origen urbano (mayormente de Santo Domingo); de una extracción social de clase media, con un elevado grado de alfabetización (96%); un buen nivel educacional (31% ha logrado alguna preparación); jóvenes al momento de emigrar (83% antes de los 40 años); y prácticamente pareados en cuanto a la distribución por sexo. Las características demográficas que exhiben los migrantes potenciales dominicanos a Estados Unidos, de acuerdo al estudio de Báez y D'Oleo (1985), son muy similares a las planteadas en el estudio Diagnos de 1974 y ENDESA 1991.

Báez Evertsz y D'Oleo Ramírez (octubre de 1985, pág. 28) sostienen que los grupos sociales que se incorporan al flujo migratorio hacia los Estados Unidos no son los que mantienen niveles de vida más deprimidos en la República Dominicana. Alegan ellos que esto se debe, en gran medida, a la selección impuesta por las regulaciones de entrada legal a los Estados Unidos, que favorecen a las personas con niveles de calificación e ingresos relativamente elevados para el contexto nacional. Sin embargo, los sectores sociales que no reúnen estas condiciones se ven obligados a encauzar sus esfuerzos a través de las vías ilegales. Aún este medio implica unas erogaciones económicas significativas y responde a unas regulaciones y pautas de organización, que dificultan la incorporación de los grupos más pobres del país.

Los datos correspondientes en la encuesta ENDESA 1991 confirman lo antes descrito, pues los hogares con entradas mensuales por encima de tres mil pesos (alrededor de 240 dólares) tienen miembros emigrantes en una proporción que casi duplica a las de aquellos en escalas más bajas de ingresos (Ramírez, junio 1993, pág. 13)(ver tabla 3). Estos datos contrastan con el hecho de que el ingreso de más de la mitad de la población económicamente activa (PEA)(27.5% + 27.6% = 55.1%) se concentra en las escalas inferiores de ingreso mensual, esto es, entre 0 y 1,200 pesos (0 a 96 dólares mensuales)(ver Tabla 4).

Según la encuesta antes mencionada, cerca de una tercera parte de los hogares de emigrantes (32.6%) se sitúa en la categoría de ingreso mensual entre 1,201 y 3,000 pesos dominicanos (más de 96 a 240 dólares). Esta también es superior a la escala de la población económicamente activa (PEA). Estos resultados son indicativos de que la población migrante, aunque generalmente recibe un salario inferior al promedio nacional en el país receptor, tiende a tener un ingreso mayor que el del resto de los ciudadanos en su país de origen, según lo corroboran otros estudios mencionados anteriormente.

Al mismo tiempo, el nivel de escolaridad de los emigrantes era, se´gun la encuesta de 1983, notablemente elevado dentro del contexto nacional. El 38.9 porciento poseía nivel de enseñanza secundaria, mientras que el 31.3 porciento había realizado estudios universitarios o técnicos medios y el cinco porciento tenía diploma universitario (Báez Evertsz y D'Oleo Ramírez, octubre de 1985, págs. 28-29). Un estudio realizado por la Universidad de Columbia en Nueva York reveló que, aunque más de la mitad de los dominicanos residentes en la isla (56.5%) no había completado la escuela superior, el 14.8 porciento de ese grupo poblacional se había graduado de universidad, comparado con el 13.1 porciento de los puertorriqueños (The San Juan Star, 20 de marzo de 1994, pág. 11).

Mientras tanto, dos de cada cinco (40%) de los entrevistados indicaron que eran solteros y el 12 porciento vivía en concubinato al momento de salir de la República Dominicana. Por otro lado, de una tercera parte (29.3%) señaló que estaba casado con una mujer puertorriqueña. Esto tal vez refleje un patrón que, de acuerdo a lo expresado por algunos de los migrantes, responda a la urgencia de legalizar su situación migratoria a través del único medio rápido disponible, esto es, el matrimonio con un(a) ciudadano(a) americano(a).

Al auscultarse los motivos para emigrar desde la República Dominicana destacó el hecho de que la situación económica que los afecta es la causa principal (61.3%). De acuerdo a la noticia del domingo pasado (El Nuevo Día, 25 de abril de 1999, pág. 54), una de las mujeres que viajaban en la yola indicó que lo que la movía a abandonar su país era buscar trabajo, ya que: "La situación está mala, mala".

La salida de los migrantes entrevistados se realizó principalmente entre los años 1989 al 1992 (65.3%). Entre los puertos de salida identificados por los encuestados destaca el de Miches (49.3%). Esto no es sorprendente por el hecho de que este puerto es el punto más cercano a la costa oeste de Puerto Rico.

Al preguntarles sobre el número de personas que viajaban en la yola una cuarta parte de ellos (25%) indicó que entre 80 y 99. La yola detenida el domingo transportaba una cantidad mayor de pasajeros, esto es 115 indocumentados. Según la noticia: "Desde el año pasado, esta es la cantidad de dominicanos indocumentados más grande que llega a la Isla"… (pág. 54).

De acuerdo al parte de prensa mencionado:

El tamaño de las yolas--de color verde y que tenían escri [sic] "Jehová es mi pastor" y "Yaya"--eran de 30 a 35 pies, según estimó el sargento Elvin Ronda, director de la Unidad Marítima de la Policía en Cabo Rojo.

Esta información periodística confirma los datos recopilados en nuestro estudio. El mismo revela que sobre la mitad (51.6%) de los que respondieron afirmó que el tamaño de la yola en que viajaron era entre 25 y 34 pies de eslora.

Por otro lado, sobre la mitad de los entrevistados (50.7%) hizo arreglos previos al viaje con un buscón u organizador de viajes. Cabe resaltar que casi la mitad (48.6%) de los entrevistados no pagaron dinero alguno por el viaje en yola. Entre aquellos que pagaron, el porcentaje más alto (22.5%) desembolsó entre 3,501 y 4,000 pesos dominicanos (aproximadamente entre 280 y 320 dólares(. Parece ser que en la actualidad estos costos se han incrementado, pues de acuerdo a la noticia del domingo pasado: Entre los dominicanos entrevistados, unos dijeron a El Nuevo Día que pagaron 10,000 pesos dominicanos como pasaje para llegar a la Isla, otros dijeron 11,000 ó 5,000.

Esto, de acuerdo a la tasa de cambio vigente ("tasas de cambio", El Nuevo Día, 25 de abril de 1999, pág. 128) de $15.77 por peso dominicano, equivale a un costo entre $317 y $698.

En nuestro estudio encontramos que el promedio de duración del viaje fue de uno a dos días, con un 57.1 porciento de los viajeros seleccionando dicha categoría. La noticia de El Nuevo Día, confirma nuestros datos al señalar que, "según dijo una mujer", "la travesía comenzó el jueves", lo cual implica que el viaje tardó alrededor de dos días.

Resulta impresionante el hecho de que cerca de tres cuartas partes de los encuestados (71.7%) consiguió empleo en Puerto Rico en menos de una semana luego de arribar. Más de tres cuartas partes (77.3%) tuvo su primer empleo en el sector agríciola. Igualmente encontramos que, al momento de la entrevista, el 82.4 porciento de los migrantes trabajaba en el sector agrícola o ganadero; mientras que solamente el 60.9 porciento se dedicaba a faenas relacionadas con la agricultura cuando residía en la República Dominicana.

En segunda instancia aparece la categoría de artesanos y operarios, con un 15.9 porciento. En el país de origen, un número considerable de estos trabajadores se dedicaban a la ebanistería/tapicería y la transportación. Resulta interesante el hecho de que ninguno de los entrevistados trabajara en servicio doméstico o jardinería en su patria, pero al llegar a la isla algunos se dedicaron a eestas labores. En la actualidad gran parte de estos últimos han logrado conseguir unos empleos mejor remunerados y de más prestigio social.

Cabe destacar que entre los 75 migrantes entrevistados no hubo ninguno que estuviera desempleado antes de emigrar, lo cual podría indicar que este sector, como bien atestiguan algunos estudios previos, no es de los grupos sociales más marginados en la República Dominicana, donde la tasa de desempleo sobrepasa el 26 porciento (1991).

Por otro lado, una de las ocupaciones más destacadas, después de la agricultura, fue el empleo en la construcción. El 4.3 porciento de los entrevistados se dedicaba a la construcción en Quisqueya y al arribar a la isla alrededor de un 6.7 porciento de ellos tuvo su primer empleo en este oficio. Actualmente, cerca de un 4.1 porciento labora en el sector de la construcción, que aunque más bajo que el porcentaje al arribo, es similar al de aquellos que así lo hacían en la República Dominicana.

De acuerdo a los datos que hemos recopilado en el estudio, los ingresos informados por los trabajadores fluctuaron entre los 60 y 300 dólares semanales. No obstante, la mayoría ganaba un sueldo semanal entre los 100 y 150 dólares, o el equivalente a 400 a 600 dólares mensuales. Cerca de la mitad (47.3%) de los trabajadores entrevistados en la zona cafetalera de nuestra isla indicaron tener un ingreso que fluctúa entre 100 y 124 dólares semanales. El estudio reveló además que sobre dos terceras partes (60.8%) de los entrevistados cuentan con un ingreso entre 100 y 174 dólares semanales. Solamente uno de los entrevistados que llegó a la isla como indocumentado y luego se legalizó por medio del matrimonio se identificó como propietario de finca.

Por otro lado, resulta sorprendente el hecho de que los entrevistados envíen a sus familiares en Quisqueya entre 50 y 300 dólares mensuales y aún algunos de ellos "casi todo lo que ganan", a pesar de que sus ingresos ascienden a un promedio entre 400 y 600 dólares mensuales. El patrón de envío de remesas aquí señalado se repite a través de otros estudios que se han realizado sobre los migrantes dominicanos.

En el ámbito de las fincas cafetaleras en Puerto Rico, se posibilita el envío de remesas tan altas gracias a que un número considerable de los patronos les proveen facilidades de vivienda, agua y luz gratis y el acceso libre a los alimentos que producen las fincas. Por tal razón, los obreros migrantes pueden economizar una parte sustancial de sus salarios y subsidiar a los familiares que quedan atrás.

No obstante, hacen ésto a costa de sacrificar su comodidad, pues muchas de estas viviendas están bastante deterioradas. Además, los migrantes generalmente viven en condiciones de gran hacinamiento, lo cual limita su privacidad. Sin embargo, a la mayoría de los indocumentados no parece preocuparles demasiado esta situación. Al inquirir sobre su nivel de satisfacción en el área de vivienda, cerca del 20.8 porciento respondió en la categoría de "mucho", mientras el 41.7 porciento se ubicó en la categoría de "regular", que combinadas harían un total del 62.5 porciento de la muestra más o menos complacida con la situación de vivienda. Las categorías de "poco" y "nada" sumaron 37.5 porciento, esto es, más de una tercera parte de la muestra.

Por otro lado, los datos sobre el nivel de satisfacicón de los migrantes indocumentados con su situación económica en Puerto Rico revelaron que cerca de una tercera parte de ellos (30.1%) se siente muy satisfecha, mientras más de la mitad (56.2%) expresó sentirse medianamente satisfecha con los logros en esta área. De esta manera, más de cuatro quintas partes de los entrevistados (86.3%) mostraron algún nivel de complacencia con su estabilidad económica en la isla. Solamente el 13.7 porciento señaló poca o ninguna satisfacción en el ámbito económico.

Por último, quisiéramos destacar el dato que una abrumadora mayoría de los migrantes (80%) manifestó su interés en permanecer residiendo en la Isla. Esto concuerda grandemente con el nivel de satisfacción anteriormente descrito en una variedad de ámbitos de su vida cotidiana.

Conclusiones y recomendaciones

Como se ha evidenciado en este análisis, la migración dominicana indocumentada sigue aumentando, mientras se agudiza la crisis económica tanto en la República Dominicana como en Puerto Rico. La conjunción de estos factores ha producido visiones altamente conflictivas en torno al migrante dominicano en Puerto Rico. Partiendo de las opiniones vertidas en cientos de entrevistas que hemos realizado entre los migrantes, distinguidos científicos sociales dominicanos y representantes de diversos sectores oficiales y conscientes de las circunstancias que motivan a nuestros hermanos antillanos a emigrar y de la necesidad que tienen los caficultores y otros agricultores puertorriqueños de contar con la mano de obra dominicana para que no se les pierdan las cosechas, hacemos la siguientes recomendaciones de política pública:

1. Se desarrolle una campaña en los medios de comunicación masiva en Puerto Rico, dirigida a corregir la imagen distorsionada de la totalidad de la migración dominicana a la Isla. En la misma se pueden destacar las aportaciones de la comunidad profesional dominicana en la isla y de los trabajadores del sector agrícola y de servicios.
2. Se establezca un programa de orientación a los trabajadores indocumentados en torno a sus derechos civiles y otras situaciones que pudieran afectarlos en Puerto Rico.
3. Se impulse una campaña de divulgación en la República Dominicana sobre la situación económica en Puerto Rico y la situación real que viven los dominicanos en la isla, para desmitificar la creencia de abundancia y bienestar material inmediatos propaganda por los migrantes de retorno y los traficantes de indocumentados. La misma tendría el fin último de desalentar la migración masiva en yola y evitar sus riesgos en la travesía y sus consecuencias inesperadas en el establecimiento del migrante en la isla.
4. Se establezca un programa de orientación promovido por las autoridades dominicanas en Puerto Rico para ofrecerle apoyo a las familias dominicanas, en particular a los niños y jóvenes en edad escolar que se integran al sistema de educación pública en la Isla. Este programa debe concertarse a través de entidades como el Consulado de la República Dominicana, el Departamento de Servicios Sociales, el Departamento de Educación Pública y otros organismos públicos y privados, tanto en la República Dominicana como en las comunidades dominicanas en Puerto Rico.
5. Aunque entendemos que sería preferible no tener que implantar un programa que tenga visos de los llamados programas de braceros (por ejemplo de mexicanos, puertorriqueños y haitianos) opinamos que la existencia de un acuerdo oficial podría facilitar ciertos controles y protecciones que ahora no existen. Por lo tanto, recomendamos se ausculte la posibilidad de establecer un proyecto piloto inter-gubernamental para traer trabajadores agrícolas dominicanos por temporadas a laborar en las fincas de Puerto Rico. El mismo deberá garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, un salario mínimo adecuado, vivienda y servicios médicos para los participantes. A la misma vez, deberá proveer los controles y mecanismos pertinentes para garantizar el retorno anual de los trabajadores a su lugar de origen, y así evitar el desplazamiento de otros trabajadores puertorriqueños en otros renglones de la economía. Con el fin de viabilizar el cumplimiento de dichos acuerdos, se sugiere la intervención y evaluación continua de un panel de observadores bilaterales, expertos en derecho laboral y en derechos humanos en general, que tengan acceso a las fincas y a los trabajadores. Dependiendo de las recomendaciones que hagan estos observadores el convenio cesaría o se prolongaría indefinidamente, pero estaría sujeto a una evaluación permanente.